El derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo es una demanda a la que nos sumamos hombres y mujeres, quienes creemos firmemente en que ya no caben pretextos para que las mujeres puedan acceder a una vida plena.
El derecho a decidir de las personas sobre el número y espaciamiento de sus hijos es una garantía plasmada en el artículo 4to. Constitucional y en los distintos tratados internacionales firmados por México. No obstante, esta garantía no se ve reflejada en una legislación que asegure el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país.
El aborto que se practica en condiciones inseguras y clandestinas, representa un importante problema de salud pública en México por las graves complicaciones que afectan la salud de las mujeres. En nuestro país, la mayoría de las mujeres que se enferman o mueren por interrumpir un embarazo no deseado, vive en condiciones de pobreza y pertenece a estratos sociales marginales, lo que convierte también al aborto en un grave problema de justicia social.
En favor de los derechos humanos la Voz Ciudadana, pide que se legisle para despenalizar el aborto en todo el país y establecer así un marco normativo congruente con las disposiciones del artículo 4to. constitucional. Hoy día es imperativo crear las condiciones legales que hagan posible el acceso a la salud y a la justicia para todas aquellas mujeres que por distintas circunstancias deciden interrumpir un embarazo no deseado.
Foro “Derecho a decidir”.
Ayer 31 de julio se llevó a cabo en Pachuca el Foro sobre el derecho a decidir, organizada por la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser) en colaboración con la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Equidad de Género, A.C., Ipas, Population Council, Gire y Católicas por el Derecho a Decidir
El foro fue un espacio idóneo para resaltar la importancia que ha tenido para las mujeres la interrupción legal del embarazo, además nos permitió conocer cuál es la situación legal en el Estado, ya que actualmente se percibe un desconocimiento de cuáles son los marcos legales en Hidalgo en torno a la interrupción legal del embarazo, lo cual es un tema preocupante, ya que ante la falta de información mujeres han tenido que recurrir a interrupciones del embarazo en la clandestinidad, situación que pone en grave riesgo su salud.
Estado Laico: Garante del derecho a decidir.
Desde la perspectiva jurídica, no debería quedar duda que nuestro país cuenta con suficientes disposiciones legales y constitucionales que garantice la organización laica de las instituciones democráticas de nuestra sociedad. Sin embargo, lo cierto es que la laicidad del Estado se ha visto violentada muchas veces ante la abrupta e indebida injerencia que hace la Jerarquía Católica en diversas iniciativas de ley, así como en la instrumentación de políticas públicas en nuestro país, buscando imponer políticas que solo responden a consideraciones morales particulares.
Entre las violaciones más comunes a la laicidad del Estado se encuentran precisamente las relativas al derecho de las mujeres, ya que las posturas de la alta jerarquía católica es que las mujeres no puedan decidir sobre su propio cuerpo, además de limitar su acceso al derecho a la salud, especialmente la reproductiva y sexual, prohibiendo por ejemplo, el uso de métodos anticonceptivos.
Es decir, lo que no cabe en un Estado laico, es que dentro de las instituciones democráticas del Estado se promueva e impulse la Agenda política del Vaticano, y no la Agenda del derecho de las mujeres.
Papel de la LVII Legislatura.
Las y los nuevos diputados que a partir de septiembre integraran el Congreso Local, tendrán que seguir impulsando la agenda legislativa a favor del derecho de las mujeres de Hidalgo, sin pasiones ni colores partidistas. Sin dogmas religiosos, mirando siempre por la salud y bienestar de las mujeres y no por la pasión que es lo opuesto a la razón.
Si realmente queremos transformar a Hidalgo, este es el momento oportuno. Si bien se han creado algunas leyes a favor del derecho de las mujeres, como la tipificación del feminicidio y la Ley estatal para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres están no son suficientes, ya que la deuda con las mujeres es histórica y se requieren más acciones afirmativas, que permitan construir una sociedad incluyente, no discriminadora, libre de prejuicios sociales y estereotipos anquilosados.
Ni una muerta más, ni una perseguida más por decidir sobre su propio cuerpo.
“Por una sociedad libre de discriminación y de violencia”
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